Vivir sin violencia es un derecho humano
Juezas españolas visitan el país para intercambio de experiencias sobre justicia e igualdad
Santo Domingo. – Vivir sin violencia es un derecho humano, y su garantía requiere del compromiso de toda la sociedad, del Estado, de sus instituciones, de las organizaciones sociales y de quienes integran el sistema de justicia y, sobre todo, de espacios que contribuyan a la disminución de esta violencia que trasciende los hogares.
Así lo plantearon las magistradas españolas Cira García Domínguez y Lara Esteve Mallent durante diversos encuentros realizados con la sociedad civil, jueces y juezas, operadores/as del sistema judicial, abogados/as, fiscales, policías, académicos/as de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), legisladores/as de las comisiones de Género, Justicia, Familia, Derechos Humanos y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En estas actividades compartieron aprendizajes sobre mecanismos judiciales, rutas de atención, articulación institucional y buenas prácticas en la prevención, sanción y erradicación de la violencia basada en género, además de intercambiar experiencias sobre los procesos, herramientas y mecanismos que emanan de la Ley Integral de Violencia española para la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar o por razones de género.
Las magistradas García y Esteve, expertas en violencia contra mujeres y contra la infancia, han intervenido en la elaboración de leyes importantes en España, como la Ley Integral contra la violencia a la infancia y la Ley integral de garantía de la libertad sexual, del 2021 y 2022 respectivamente.
Dada su experticia, fueron invitadas con el interés de compartir experiencias y fortalecer las capacidades de colectivos que operan en la prevención, protección, atención y erradicación de la violencia basada en género; a través de la iniciativa “Fortaleciendo el marco de protección de derechos y respuesta integral a las violencias de género en República Dominicana”, un consorcio entre la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y Profamilia, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La magistrada Cira García, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer No. 1 de Getafe (Madrid), subrayó que una ley integral solo es efectiva si se acompaña de formación especializada, recursos asignados y voluntad política sostenida. Resaltó la experiencia de España, donde la sociedad civil y los movimientos sociales contribuyeron a la creación de la ley integral de violencia contra la mujer aprobada en 2004, aunque posteriormente, mediante el Pacto de Estado en 2017 nace un nuevo compromiso con la introducción de 249 medidas consideradas necesarias e implementadas mediante reformas legislativas.
Destacó la necesidad de una ley integral que garantice la protección de los derechos de las mujeres, donde se contemple la importancia de la formación de quienes la ejecutan, la coordinación de las distintas instancias en la ruta de prevención y la sanción de la violencia, así como la atención a mujeres en entornos vulnerables, en condición de discapacidad, pobreza, vejez o migrantes.
Hizo énfasis en la prevención y protección de la infancia y la abogacía por políticas de Estado que garanticen la protección de las víctimas, “y esto se hace mediante la formación del personal y de la dotación presupuestaria, porque entiendo que se debe iniciar con las garantías de formación de todo el personal que atiende a una víctima de violencia, con leyes y reglamentos que se cumplan y que estos sean compromisos innegociables independientemente de la organización política que esté gobernando”, señaló García.
La magistrada Lara Esteve, magistrada de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado nº 2 de Llíria (Valencia), doctora en Derecho Penal y docente universitaria e investigadora en derecho penal y de familia; acotó que, “cuando hablamos de violencia de género no importa si es un gobierno de derecha o de izquierda, porque se trata de una cuestión de derechos humanos y cualquier sociedad, gobierno o asociación que vele por los derechos humanos, y crea en la igualdad, debe tomar en cuenta la equidad de género y verlo como un tema de derechos humanos”.
Ambas juezas son integrantes de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), organización que promueve la igualdad y la defensa de los derechos humanos a través de la transformación de los sistemas judiciales.
Recibidas por la AECID, ACPP y Profamilia, las magistradas realizaron visitas a un Centro de Entrevista del Poder Judicial y a una Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, ambos del Distrito Nacional, para conocer de cerca el modelo dominicano de atención a víctimas.
El proyecto que enmarcó esta visita promueve la mejora de las capacidades institucionales y profesionales en salud, justicia y seguridad, fortaleciendo el acceso a servicios de calidad, la coordinación intersectorial y el enfoque de derechos humanos y género.
