16-01-17, Santo Domingo.- Más de 70 organizaciones agrupadas en la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres declararon, mediante un comunicado dado a conocer en una rueda de prensa, que apoyan la observación del Presidente al Proyecto de Código Penal realizada en diciembre del 2016 y enviada al Senado de la República Dominicana, en la que indica incluir la despenalización el aborto en las tres eximentes claramente definidas en el texto enviado al Congreso.
La observación del presidente Danilo Medina dado a conocer el pasado diciembre contempla la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de mala formación genética incompatible con la vida; también si el embarazo es producto de violación o incesto y en caso del aborto terapéutico.
De este último, el terapéutico, explicaron en el comunicado que la observación “define la prioridad de la vida de las mujeres en caso de que haya que interrumpir un embarazo que ponga su vida en riesgo, no dejándolo a la sola mención del artículo 42 de la Constitución, como se ha pretendido, pues el aborto terapéutico, desde el punto de vista constitucional resuelve la protección de las mujeres como prioridad ante el conflicto entre los derechos fundamentales de la mujer y del feto.”
Las organizaciones consideraron que la despenalización del aborto en la República Dominicana es una normativa cónsona con el Estado de derecho y con la Constitución de la República Dominicana, así como con los convenios internacionales que comprometen al país en la protección de los derechos, la integridad de la vida y la salud de las mujeres dominicanas.
En tal sentido las más de 70 entidades destacaron que en la observación del Presidente Danilo Medina al Proyecto de Código Penal, que le enviara al Senado de la República en diciembre del 2016, está la decisión de respetar y valorar la integridad de la salud y vida de las mujeres dominicanas, especialmente de las mujeres pobres, que son las que están más expuestas a abortos inseguros y clandestinos
En la rueda de prensa las organizaciones retomaron la explicación de cuatro importantes abogados constitucionalistas y otros tantos juristas reconocidos, que han explicado que el artículo 37 de la Constitución establece sobre el derecho a la vida que, “es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, incluyendo la vida de la mujer.
Asimismo recordaron el artículo 38 de la Constitución, el cual dispone sobre la Dignidad Humana: “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
Y, finalmente, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, la Constitución de la República Dominicana, en el artículo 74, ordinal 4, indica la obligación del Estado de reglamentar estas situaciones, que es lo que ha solicitado el Presidente Medina, alegaron en el comunicado leído y entregado a la prensa.
Con la penalización absoluta del aborto, se afecta el Estado de Derecho de la República Dominicana, por las violaciones a los artículos antes mencionados que protegen los derechos de las mujeres, y al no cumplir con las normativas internacionales de las que el Estado dominicano es signatario y que tienen carácter constitucional, pues la Constitución dominicana establece en su artículo 74, numeral 1-3 que los tratados internacionales tienen carácter constitucional en la jerarquía de las leyes. También consignado en Resolución 1920-2003, de la Suprema Corte de Justicia, y en el 1969 la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Tratados (Convención de Viena), en el Artículo 27 a otorgarle a los tratados internacionales una jerarquía superior a las normativas internas.
Las entidades manifestaron a los cuerpos legislativos nacionales que, como ya han opinado juristas especialistas, por tratarse de derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana los que se ven lesionados en las mujeres que viven situaciones especiales, éstos no están sujetos a consultas populares para su regulación, sean de referendos o plebiscitos.
Finalmente, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, rechaza cualquier negociación que implique lesionar los derechos fundamentales de las dominicanas, su integridad y su vida, creyendo que, si el mismo primer mandatario fue capaz de entender el alcance constitucional y los principios de derecho, también lo harán los legisladores y legisladoras de nuestro país.
